La iniciativa llevada adelante por Alejandro Zavala y Magela Rinaldi, busca eliminar la obligatoriedad de penas severas de cuatro años, permitiendo que los magistrados evalúen cada contexto particular y apliquen medidas alternativas.
La normativa vigente castiga desproporcionadamente a mujeres sin antecedentes que actúan bajo coacción de sus parejas o por necesidad extrema, además, se destaca la grave preocupación por el bienestar infantil, dado que muchos niños terminan viviendo en prisión junto a sus madres.
Existe un consenso multipartidario sobre la urgencia de dotar al sistema judicial de mayor coherencia y sensibilidad humana en estos casos.
