La senadora Patricia Kramer defiende la Ley de Muerte Digna como un imperativo ético basado en la autonomía individual y la libertad. La legisladora sostiene que el Estado no debe obligar a los ciudadanos a padecer un sufrimiento insoportable debido a vacíos legales, enfatizando que el dolor es una experiencia subjetiva.
Durante su discurso, rechaza las acusaciones de apresuramiento y argumenta que la normativa responde a un reclamo social histórico y urgente. Kramer destaca la importancia de reconocer que nadie pertenece a otro, vinculando el derecho a la eutanasia con un acto de justicia social y empatía.
Finalmente, ilustra su postura con testimonios conmovedores de pacientes y familiares para subrayar la necesidad de un marco legal compasivo.
