En esta sesión se debate en la Asamblea General de Uruguay sobre la elección de un nuevo miembro del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Un diputado cuestiona vehementemente la necesidad y constitucionalidad de dicha institución, argumentando que el Estado ya cuenta con el Poder Judicial y el Presidente para garantizar los derechos humanos, y que la institución actual representa una burocracia innecesaria. En contraste, otros legisladores defienden la importancia de la institución y la candidatura de Mariana Mota, destacando su vasta experiencia en derechos humanos, especialmente en la búsqueda de desaparecidos, y el amplio respaldo de organizaciones sociales, lo que finalmente lleva a su elección con una mayoría significativa.
