La Cámara de Senadores interpeló a la ministra de Defensa Sandra Lazo; el debate se centró en la polémica adquisición de patrulleras oceánicas (OPB) por parte del Ministerio de Defensa Nacional al astillero español Francisco Cardama.
La ministra y sus asesores defienden las acciones gubernamentales como necesarias ante un fraude inaudito relacionado con la falsedad de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, defendiendo la necesidad de actuar legalmente para proteger los intereses del Estado.
Las discusiones se centran en detalles sobre los pagos realizados, la falta de experiencia de la empresa, las irregularidades en la supervisión técnica y la ambigüedad sobre la decisión final de rescindir o no el contrato.