Todos los partidos políticos con representación en el Senado (Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado) firmaron un proyecto de ley para derogar las modificaciones realizadas al Artículo 38 de la Ley de Salud Mental.
Dichos cambios habían sido introducidos recientemente a través de la Ley de Presupuesto (Artículo 38) y generaron fuertes críticas de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y organizaciones sociales.
Puntos clave del nuevo proyecto:
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Restitución de prohibiciones: Se busca volver a la redacción original que prohíbe explícitamente la internación de nuevas personas en establecimientos asilares y la creación de nuevos centros de este tipo (públicos o privados).
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Cierre definitivo para 2029: El único aspecto que se mantiene de la modificación presupuestal es el plazo máximo para el cierre de estas instituciones, fijado para el año 2029.
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Cambio de paradigma: El objetivo es reafirmar el modelo de atención comunitaria y desinstitucionalización, evitando el modelo “manicomial” y priorizando dispositivos alternativos y de derechos humanos.
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Busqueda de soluciones: La senadora Patricia Kramer (FA) explicó que, aunque el cambio original buscaba dar “flexibilidad operativa” al Estado por falta de infraestructura, se entendió que generaba desconfianza y la sensación de un retroceso en derechos fundamentales.
El sistema político decidió “dar marcha atrás” para recomponer el consenso con académicos, técnicos y familiares de usuarios. El proyecto reafirma el compromiso del Estado uruguayo de sustituir los asilos por una red de estructuras alternativas antes de que finalice la década.