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El Poder Judicial expuso sobre la Rendición de Cuentas 2025 (Inciso 16), manifestando su menor cuota presupuestal en 15 años (1.06%).
Solicita recursos para crear 14 juzgados (género, ejecución penal y apelaciones de trabajo/familia), adaptar el ITF y cubrir gastos operativos.
Hubo acuerdo en mantener artículos sin costo (audiencias virtuales, rendición trienal mediante declaración jurada en vulnerabilidad, plazo de estudio en juicios laborales). La oposición criticó el presupuesto “cero peso”.
Participación
Doris Morales (Presidenta de la SCJ). Defendió el proyecto inicial. Alertó sobre el déficit de funcionamiento por 15 años sin ajustes. Enfatizó el impacto del presupuesto en el acceso equitativo a la justicia. Justificó el plazo de estudio de los ministros en materia laboral para emitir sentencias de mayor calidad.
Juan Pablo Novella (Secretario Letrado SCJ). Calificó de alarmante la baja participación presupuestal (1.06%). Detalló la saturación en violencia de género (44% de cargas) y deudas de intendencias por astreintes (ej. Canelones USD 3M). Propuso reemplazar rendiciones trienales por declaraciones juradas en menores a 6 BPC.
Patricia Porley (Directora General SCJ). Argumentó la necesidad de 25 cargos periciales para el ITF en el interior. Reveló que más del 40% de las pericias del ITF son para Fiscalía y pidió liberar al Poder Judicial de la custodia y destrucción de armas y sustancias psicoactivas.
Isabel Roberto (Subdirectora Admin. SCJ). Expuso el desfasaje financiero en gastos de funcionamiento y servicios de limpieza en 250 sedes. Explicó la necesidad de regularizar cargos (auxiliares de morgue/proveeduría) y la creación sin costo del cargo de técnico prevencionista.
Gabriela Figueroa (Secretaria Letrada SCJ). Expuso el colapso en materia de género (aumento de 30% en audiencias y 64% en casos sexuales entre 2013-2024). Alertó que Montevideo no recibió incrementos en dos presupuestos y que solo el 15% de la población cuenta con la institucionalidad prevista por la Ley N° 19.580.
Pedro Bordaberry (Senador). Destacó que el Poder Judicial ejecuta el 97% de su presupuesto. Apoyó la asignación de mayor presupuesto para juzgados de ejecución y de género, considerando que financiar la justicia no es un gasto sectorial sino un límite institucional al poder.
Pedro Duque (Senador). Formuló preguntas clave sobre la estructura mínima necesaria en género, impacto financiero de los pases en comisión (34M anuales), recaudación de timbres para seguridad y el costo de cerrar el diferendo salarial (6.08%).
Carlos Camy (Senador). Señaló la falta de equilibrio entre poderes y la responsabilidad de todos los partidos. Solicitó el detalle de deudas de intendencias y propuso un artículo para compensar créditos por astreintes descontándolos de partidas departamentales.
Constanza Moreira (Senadora). Expresó tristeza por la imposibilidad política de modificar el presupuesto en el Senado. Consultó sobre la judicialización tras la ley de corresponsabilidad en la crianza y sugirió alianzas con la UdelaR para capacitación.
Javier García (Senador). Denunció que el Poder Judicial opera “en muletas” por falta de recursos del Gobierno. Criticó la postura del oficialismo de no reasignar recursos y advirtió contra los discursos que proponen crear un Ministerio de Justicia.
Robert Silva (Senador). Destacó la calidad del documento de la SCJ y cuantificó en USD 3.5M lo requerido para las urgencias principales (género, ejecución y apelaciones). Consultó sobre los planes de contingencia ante la falta de asignación presupuestal.
Bettiana Díaz (Senadora). Reconoció el déficit estructural que atraviesa la justicia y valoró la acordada sobre visitas presenciales obligatorias de defensores a cárceles, destacando la sensibilidad hacia mujeres privadas de libertad con niños.
Gustavo González (Senador). Trasladó las dudas de la Asociación Uruguaya de Laboralistas respecto a la extensión de plazos en segunda instancia laboral; luego de oír a la SCJ, dio por saldada su inquietud.
Alexandra Inzaurralde (Senadora). Consultó sobre la situación locativa y de personal de juzgados de paz en Lavalleja (Batlle y Ordóñez), así como sobre la derivación de casos de violencia doméstica de jueces de paz a jueces de familia.
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Enlace a la versión taquigráfica:
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