El extenso debate en el Senado de la República Oriental del Uruguay se centra en una interpelación al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Alfredo Fratti, y al Presidente del Instituto Nacional de Colonización, Henry, respecto a la legalidad, oportunidad, conveniencia, planificación y desarrollo productivo de la compra de los padrones rurales de “María Dolores”.
El senador interpelante, Sebastián Da Silva, cuestiona el alto costo de la adquisición (32.5 millones de dólares), señalando supuestas irregularidades, sobrevaloración del terreno y falta de un plan claro para su desarrollo lechero, además de argumentar que fue motivada como un homenaje político.
Por su parte, el Ministro Fratti y el Presidente del Instituto de Colonización defienden la compra como una decisión estratégica y bien fundamentada, destacando su potencial para el desarrollo agrario, la producción lechera, y el apoyo a pequeños y medianos productores, enfatizando que se ajusta a la normativa legal y responde a una necesidad del sector. El debate también aborda críticas sobre el uso de fondos públicos y la transparencia en las decisiones gubernamentales, así como la relevancia del Instituto Nacional de Colonización para la distribución de tierras.
El senador Sabini defiende la compra, argumentando que es una política acertada y necesaria para los pequeños productores lecheros y que las acusaciones de ilegalidad o inconstitucionalidad son infundadas. Por otro lado, los senadores Bordaberry y Da Silva cuestionan la legalidad de la designación de autoridades del instituto, la oportunidad y el precio de la compra, así como la disponibilidad de derechos de agua, sugiriendo que la transacción está plagada de irregularidades y obedece a intereses políticos más que a beneficios reales para los colonos.
La discusión revela una profunda división ideológica sobre el rol del Estado en el acceso y la tenencia de la tierra, y culmina en acusaciones personales y una interrupción de la sesión, dejando claro que el tema es altamente polémico y con importantes implicaciones políticas.
Se levanta la sesión por desorden.
